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19/12/2011
Un fichero con datos de 36 millones de españoles reúne 5 millones en multas
El archivo viola desde hace cuatro años la ley de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva cuatro años imponiendo una sanción tras otra a la empresa Saberlotodo (rebautizada recientemente Trumbic) por vender a terceros datos privados de 36.812.617 personas residentes en España, incluidos los DNI de 3.442.902 de ellos. Todos estos datos fueron obtenidos sin el consentimiento de los afectados, el 75% de la población. EL PAÍS ha tenido acceso a las últimas tres sanciones que la AEPD le ha impuesto a esta empresa: dos multas de 600.000 euros (la máxima que establece este organismo) por infracción muy grave de la ley de Protección de Datos y otros 200.000 euros por infracción grave. En total, 1,4 millones que se suman a los 3,5 millones en sanciones que ya acumula.
El propietario del archivo en cuestión es el alicantino José Vicente Lucas, que se presenta como “investigador judicial”. Lucas obtuvo estos datos —que no constan en fuentes accesibles al público como son guías telefónicas, el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil— del censo de población, de padrones municipales, de la entidad Detectives Lucentum y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), puesto que posee una licencia que le da acceso a 22 millones de datos pertenecientes a teléfonos públicos. Otra pequeña parte de los datos de que dispone, 22.000 registros, los recabó él mismo “antes de 1980 en el ejercicio de una actividad privada que no ha justificado”, según indica la última resolución de la AEPD.
Los interesados en pagar por acceder a este archivo con preciadas informaciones personales son, principalmente, empresas de recobro que tratan de localizar a personas para reclamarles posibles deudas pendientes (algunas son importantes multinacionales que dan acceso a este archivo a sus teleoperadores). Estas compañías también acumulan sanciones por parte de la AEPD (que se pueden consultar en la web de la entidad). Una de las últimas multadas es la multinacional Intrum Justitia, a la que impusieron en agosto una multa de 50.000 euros por consultar este archivo.
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