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07/05/2014
Durante el año pasado, la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales recibieron 42.437 denuncias sobre delitos sexuales, estafas, fraudes, falsificaciones, amenazas, interceptación ilícita de sus comunicaciones y otras modalidades. Solo han sido esclarecidos 2.167 de esos hechos (el 5,1% de los conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado). Eso supone "un porcentaje todavía muy bajo" en comparación con los éxitos policiales obtenidos respecto a las infracciones penales investigadas ese mismo año (el 37%) o con el esclarecimiento de robos y atracos (el 23,9%), según admite el estudio.
La rapidez, el anonimato, la comodidad y la facilidad de las nuevas tecnologías hacen que los delincuentes las aprovechen para sus actividades, tanto para las "tradicionales" como para otras más novedosas. Esto se traduce en ataques a sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, actividades de pederastia, estafas comerciales y bancarias mediante el phising (suplantación de identidad), la difusión de virus o troyanos, etcétera.
El alcance mundial de estas actividades criminales ha causado alarma en todos los Gobiernos del mundo, que han puesto en marcha medidas legislativas para prevenir y castigar tales conductas. Dentro de este contexto se enmarca el Convenio de Cibercriminalidad suscrito en Budapest (Hungría) en 2001, que España ratificó el 1 de octubre de 2010.
El Convenio de Budapest pretende atajar delitos como el acceso ilícito a los sistemas informáticos; la interceptación o interferencia de las redes; la producción y venta de dispositivos y programas que permitan la intrusión en un sistema informático; la alteración o borrado de datos; los fraudes por internet; la producción y distribución de pornografía infantil y los ataques a la propiedad intelectual y a los derechos afines. No obstante, el estudio del Ministerio del Interior también alerta de otros crímenes no contemplados en el Convenio de Budapest, como los delitos contra el honor, las amenazas y coacciones y el narcotráfico.
Dos tercios de las 42.437 infracciones conocidas por las diversas policías españolas en el año 2013 corresponden a fraudes informáticos; las amenazas y coacciones suponen el 20%; y el resto son infracciones de otro tipo.